01.01.2018 | 08:54

Burocracia vs campo

Ha de reconocerse al flamante ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, la disposición manifestada a fin de contribuir a aligerar la maraña de trámites burocráticos a que están sometidos los productores agropecuarios. 

Los anuncios de su cartera prometen un trabajo conjunto con la AFIP, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) y otros organismos estatales, provinciales y municipales de manera de evitar a estos contribuyentes la pérdida de más energías, tiempo y gastos en esa espesura de trámites complejos hasta para expertos.

Las autoridades fiscales habían hecho saber su comprensión por las quejas recibidas, pero la verdad es que después de dos años del gobierno del presidente Macri, poco o nada se ha avanzado en la materia. Lo único que puede reconocérseles es la eliminación del registro de contratos de arrendamientos y aparcerías, que regía como una manifestación más del espíritu regulatorio de la anterior administración. Aun cuando los modos con los cuales la gestión actual se relaciona con los contribuyentes han cambiado hacia una buena dirección, la duplicación de normas que se aplican sigue siendo, entre otros males, constante de mayúscula perturbación.

Uno de los casos más notorios en ese sentido es el del Registro de Tierras ordenado por las actuales autoridades. Cada partida catastral debe ser registrada, con indicación de cultivos dentro de un dibujo poligonal de la superficie sobre una aplicación de Google Maps, que abre la AFIP de forma digital. Se trata de una tarea ardua para cualquiera y, para colmo, el tiempo otorgado por el sistema se agota rápidamente: en 99 de cada 100 intentos se vuelve con reiteración a foja cero.

Los ganaderos no lo pasan mucho mejor con algunos de los trámites que deben realizar. Es verdad que las anotaciones en el Registro Fiscal de Hacienda y Carnes Bobina y Bubalina -la de búfalos, bajo jurisdicción del Senasa, requieren una labor mucho más sencilla de la que sobrellevan los agricultores. Pero basta una demora en la presentación mensual del pago de ingresos brutos, entre otros numerosos condicionamientos, para que el productor quede automáticamente suspendido del registro.

Otro tanto ocurre con el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Sobre los productores pende permanentemente la amenaza de encontrarse con la matrícula suspendida, con la consiguiente imposibilidad de que se les acredite el resultado de las ventas, o el riesgo de que el fisco retenga la totalidad del IVA y sufran, además, perjuicios en relación con las retenciones sobre el impuesto a las ganancias. Tal vez supere todo lo conocido en materia de engorros la confección de las cartas de porte para el traslado de granos. Esas cartas se piden a través del sistema informático de la AFIP y el solo olvido de alguno de los datos requeridos es suficiente para desautorizar el viaje de un camión ya cargado de granos, como si su valía fuera desdeñada por las arcas del país.

Contar con la buena voluntad oficial para resolver la inagotable cantidad de perturbaciones que ocasiona la burocracia del Estado constituye, desde luego, el punto de partida para poner cese a un problema que se ha ido agravando con los años. Pero es necesario también que las autoridades sepan consultar a los profesionales con experiencia probada en estos asuntos para no volver a equivocarse. Es también indispensable tomar en cuenta la opinión de las entidades representativas del agro. Podrán probarle con facilidad la existencia de laberintos intransitables en el sistema informático de la AFIP.

La parva de papeles y de gestiones en diversas dependencias que debe realizar el hombre de campo agota la paciencia del más perseverante. Lejos de favorecer al cumplidor, el sistema lo castiga con formalismos perversos, que habrían dejado a personajes de Kafka estupefactos, mientras los entrenados evasores encuentran siempre una puerta para los ardides con los que eludir las exigencias de los regímenes vigentes.

Con mucho menos costo político de los que debió afrontar con las reformas legislativas en curso, el Gobierno tiene, pues, la posibilidad de demostrar en estos asuntos que su conciencia de cambio late con rigor en ansias de una eficiencia ejemplar.

La Nación


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