Las rutas bonaerenses y las nacionales, como así también los caminos rurales que serpentean a través de nuestra vasta provincia se han convertido, lamentablemente, en sinónimo de peligro. Lo que deberían ser arterias vitales para el desarrollo económico, la conexión social y el tránsito seguro de sus habitantes, se han transformado en trampas mortales, marcadas por el deterioro, la falta de inversión y una alarmante frecuencia de accidentes. Y ahora, como si el estado calamitoso no fuera suficiente, la situación se ha agravado aún más con las intensas lluvias e inundaciones que azotan buena parte del territorio.
El estado calamitoso de muchas de nuestras vías es evidente. Cráteres que desafían la suspensión de cualquier vehículo, banquinas inexistentes que ante un imprevisto se convierten en precipicios, señalización deficiente o directamente ausente, configuran un escenario de riesgo constante. A eso, desde el mes de marzo en nuestra región y ahora en buena parte de la provincia tras las intensas lluvias del viernes y sábado pasados, se suman caminos anegados, calzadas socavadas por el agua, desvíos improvisados sin control, y zonas rurales que quedaron aisladas por completo. No se trata solo de una cuestión de incomodidad para los conductores; hablamos de factores directos que contribuyen a la pérdida de vidas y a lesiones graves.
Las estadísticas de accidentes en las rutas bonaerenses son escalofriantes. Cada día los noticieros nos inundan con informes de colisiones, vuelcos, despistes y muertes.
Y a todo esto se le suma una consecuencia silenciosa pero gravísima: el campo no puede sacar la cosecha. La red de caminos rurales está colapsada. Estamos entrando en el período de siembra de granos finos y continua la cosecha de granos gruesos, pero los camiones y la maquinaria agrícola no pueden transitar por la red de caminos secundarios o terciarios. La producción queda varada, la economía se paraliza, y el esfuerzo de todo un año de trabajo se pone en riesgo por la ausencia de infraestructura básica.
La responsabilidad de esta situación es compartida. Por un lado, la falta de una inversión sostenida y planificada en infraestructura vial por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales es innegable. Los parches no son la solución; se necesitan obras de fondo que garanticen la seguridad y la durabilidad de las rutas. Por otro lado, la falta de controles rigurosos sobre el estado de los vehículos y el cumplimiento de las normas de tránsito, sumada a la imprudencia de algunos conductores, exacerban aún más el problema.
Pero hoy la urgencia es aún mayor. El cambio climático y los eventos meteorológicos extremos nos obligan a repensar la infraestructura con una mirada integral. Las rutas deben ser resistentes no solo al uso intensivo, sino también a fenómenos como lluvias torrenciales e inundaciones.
Es fundamental un cambio de paradigma. Las rutas no pueden seguir siendo consideradas un gasto, sino una inversión prioritaria para el bienestar y el progreso de los municipios, de la provincia y de la nación. Se requiere un plan integral de recuperación y mantenimiento vial, con presupuestos adecuados y una ejecución transparente. Es necesario fortalecer los controles policiales en las rutas, concientizar a la población sobre la importancia de la conducción responsable y sancionar severamente las infracciones.
El silencio es cómplice. La inacción es criminal. El futuro de muchas familias bonaerenses y el de toda una economía productiva está en juego.
José Luis Ibaldi – Para Mañanas de Campo
