Una vez más, como los perros que se quieren morder la cola, vuelvo a un tema que ya paso el calificativo de “preocupante”. Estamos a días de comenzar la cosecha de trigo y cebada en la provincia de Buenos Aires, una campaña que viene complicada por el clima y por los excesos hídricos que, en varias zonas, llevan meses sin resolverse. Pero a ese panorama se suma un problema que ya es crónico y que hoy se vuelve decisivo, como lo es el deterioro de los caminos rurales y de las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio bonaerense. Una vez más se hace realidad lo que siempre se dice: el Estado es socio del productor en las buenas, pero no en las malas y mucho menos en dar servicio de calidad acorde a lo que aporta en impuestos y muchas veces compulsivamente, como las retenciones.
Basta recorrer cualquier distrito para ver la situación. Caminos con huellas profundas, banquinas comidas por el agua, alcantarillas tapadas y sectores que, directamente, son intransitables. Y esto no pasa desde ayer; viene ocurriendo desde hace meses, con zonas que siguen inundadas sin que haya un plan sostenido de mantenimiento.
Este no es un detalle menor: es un problema de producción y de logística. Porque cuando un camión no puede entrar -sea para sacar cereal o transportar ganado-, cuando una tolva queda encajada, cuando una cosechadora tiene que esperar por días, cuando el ganado comienza a perder peso o muere por escasez de alimento, eso es plata que se pierde. Y es tiempo que no vuelve.
Lo más preocupante es que el Estado provincial sí envió algunas partidas para el arreglo de caminos. Pocas, es cierto. Pero lo poco que se envió, en muchos municipios, no llegó al destino previsto. Esas partidas terminaron siendo usadas para otros fines que nada tienen que ver con el mantenimiento rural. Y así, lo que debería ser tosca, cuneteo y maquinaria trabajando, termina diluyéndose en los presupuestos locales.
Y como si todo esto fuera poco, aparece ahora la decisión del gobierno bonaerense de aplicar un incremento del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural. La famosa “quinta cuota”, que llega por el artículo 139 de la Ley Fiscal. Desde ARBA dicen que es un “monto adicional” previsto por la ley impositiva de 2024, prorrogada para 2025; pero en la práctica, para el productor, es simple: es un aumento más.
Un aumento que llega justo cuando los caminos están destruidos, cuando no hay mantenimiento y cuando la provincia no da la menor señal de contraprestación del servicio más básico que debería garantizar: caminos transitables.
La pregunta es inevitable. ¿Qué recibe hoy el productor a cambio de lo que paga? Porque la presión fiscal crece, pero los servicios disminuyen. Esta contradicción es cada vez más evidente.
El campo está otra vez listo para poner en marcha sus motores. Los productores, como siempre, hicieron su parte. Ahora falta que el Estado haga la suya. No con discursos, sino con hechos. Con maquinaria en los caminos. Con obras concretas. Con transparencia en el uso de los fondos.
Lo que está en juego no es solo la cosecha: es la economía de los pueblos, es la competitividad de la producción y es, también, la confianza en una gestión que no puede seguir mirando para otro lado.
José Lusi Ibaldi – Para Mañanas de Campo
