El título de esta columna surge de leer declaraciones de Gustavo Frederking, coordinador de la comisión de servicios de CARBAP.
Mientras el calendario avanza y junio de 2026 ya golpea las puertas, en la Legislatura bonaerense parecen acumularse más silencios que respuestas. Y no se trata de discusiones menores ni de cuestiones secundarias. Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entre veinte y veinticinco proyectos vinculados a la producción continúan “durmiendo” en los despachos legislativos.
Hablamos de caminos rurales deteriorados que complican el transporte y aíslan poblaciones enteras. Hablamos de seguridad en el campo, una preocupación creciente para quienes producen y viven lejos de los centros urbanos. Hablamos también de herramientas para asistir a productores afectados por sequías e inundaciones, fenómenos que ya dejaron de ser excepcionales para convertirse en parte de una realidad climática desafiante. Nada de esto parece merecer urgencia.
El reclamo de CARBAP, expresado por Gustavo Frederking, pone el dedo sobre una herida que no es solamente del sector agropecuario. Es una cuestión institucional y ciudadana. Porque los bonaerenses sostenemos con nuestros impuestos el funcionamiento del Estado y, dentro de él, a quienes fueron elegidos para legislar.
La representación política no es un premio honorífico ni un cargo decorativo. Es una responsabilidad concreta: debatir, proponer, trabajar en comisión y generar herramientas que mejoren la vida de la gente. Para eso se vota a los legisladores y para eso se financia su tarea.
Por eso inquieta escuchar que proyectos prioritarios permanezcan archivados o atrapados en la lentitud burocrática. Y más inquieta aún advertir que esta parálisis parece haberse naturalizado.
La democracia no se agota en el acto electoral. También exige control ciudadano sobre quienes reciben un mandato popular. Los bonaerenses deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia qué hacen nuestros legisladores, cuántos proyectos impulsan, cuánto participan y qué resultados concretos ofrecen.
Porque el salario de un legislador no sale del aire ni de una caja mágica. Sale del esfuerzo cotidiano de millones de contribuyentes. Sale del productor que paga impuestos, del comerciante, del trabajador y del jubilado.
Y cuando la actividad parlamentaria se vuelve escasa frente a problemas urgentes, aparece una sensación incómoda, pero difícil de ignorar: la de estar financiando estructuras que producen mucho menos de lo que la sociedad necesita.
Legislar no es una beca, como señaló Frederking. Es un trabajo y una obligación pública. Y los ciudadanos tenemos derecho -y también deber- de exigir que ese trabajo se vea y dé resultados.
José Luis Ibaldi – Para Mañanas de Campo
