La Argentina convive desde hace décadas con una paradoja inquietante. Posee una Constitución que diseñó un sistema republicano basado en el equilibrio de poderes, el debate y la búsqueda de consensos. Sin embargo, el Congreso de la Nación, llamado a ser el ámbito por excelencia del diálogo democrático, suele convertirse en un escenario de confrontación permanente.
¿Por qué cuesta tanto alcanzar acuerdos duraderos? La respuesta no es sencilla, pero una parte del problema parece residir en la forma en que la política ha reemplazado la construcción de políticas de Estado por la lógica de la disputa electoral. Cada proyecto importante se evalúa más por el costo o el beneficio político que puede generar para un partido que por el impacto que tendrá sobre los ciudadanos.
Muchos argentinos se preguntan si esta situación se explica porque cualquier ciudadano puede llegar al Congreso sin una preparación específica para legislar. Es una inquietud legítima. A diferencia de profesiones como la medicina, la ingeniería o el derecho, para ser diputado o senador no se exige formación universitaria ni experiencia en administración pública. La Constitución privilegia el principio democrático de que cualquier ciudadano que reúna los requisitos de edad, ciudadanía y residencia pueda representar al pueblo.
Ese criterio tiene una sólida razón de ser. La representación política no debe quedar reservada a una élite académica. La democracia necesita que el Congreso refleje la diversidad social del país. Un excelente legislador puede provenir del ámbito empresarial, sindical, científico, educativo o del trabajo manual. Del mismo modo, un título universitario no garantiza capacidad de diálogo, honestidad ni vocación de servicio.
El problema, entonces, no parece ser únicamente la formación de quienes llegan al Parlamento. Más determinantes son la calidad de los partidos políticos, los mecanismos de selección de candidatos, la disciplina partidaria que muchas veces impide actuar con independencia y una cultura política que suele premiar la confrontación antes que el consenso.
Las democracias más prósperas del mundo muestran que los grandes avances nacen de acuerdos estables entre oficialismo y oposición en cuestiones fundamentales como educación, infraestructura, política fiscal, seguridad jurídica, ciencia y relaciones internacionales. Esos consensos no eliminan las diferencias ideológicas; simplemente establecen un piso común que trasciende los cambios de gobierno.
En la Argentina, por el contrario, cada administración suele intentar reemplazar por completo las políticas de la anterior. El resultado es un país que comienza de nuevo cada cuatro años, sin continuidad institucional y con una enorme incertidumbre para ciudadanos e inversores.
Quizás haya llegado el momento de discutir no sólo quiénes ocupan las bancas, sino también cómo fortalecer la calidad legislativa. Capacitación permanente para los representantes, mayor asesoramiento técnico independiente, reglas de transparencia más estrictas y procesos de selección de candidatos más exigentes podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del Congreso sin restringir el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido.
La República no necesita un Congreso integrado únicamente por académicos. Necesita legisladores capaces de escuchar, negociar, estudiar los problemas con seriedad y anteponer el interés nacional a la conveniencia partidaria. La prosperidad no nace de la unanimidad, sino de la capacidad de construir acuerdos duraderos.
Mientras el Congreso siga siendo un campo de batalla donde el adversario político es considerado un enemigo y no un interlocutor, la Argentina continuará desperdiciando oportunidades. La verdadera fortaleza de una República no reside en la intensidad de sus discusiones, sino en la madurez con la que transforma esas diferencias en políticas públicas que beneficien a toda la sociedad.
José Luis Ibaldi – Para Mañanas de Campo
