El abogado Martín Issepi, representante de asociaciones y productores rurales de la región, analizó los reclamos que se vienen realizando ante distintos municipios por el estado de los caminos rurales y por el destino de los fondos recaudados. Planteó la necesidad de fortalecer a las entidades, reclamar información y avanzar en soluciones colectivas que permitan conocer qué se recauda, qué se gasta y qué infraestructura existe.
El primer paso: conocer qué hacen los municipios con los fondos
El deterioro de los caminos rurales dejó de ser solamente una cuestión de mantenimiento para convertirse también en un tema de participación y control por parte de los productores. En los últimos dos años, según explicó Issepi, comenzaron a multiplicarse los reclamos y las presentaciones judiciales ante distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Para el abogado, antes de discutir soluciones hay una cuestión fundamental: contar con información.
“Los municipios recaudan a través de tasas municipales y las tasas tienen que tener obligatoriamente una contraprestación. Entonces tienen que informar qué se hizo con esa plata y cuánto se gastó con respecto a esa tasa”, explicó.
Issepi sostuvo que el diagnóstico debe contemplar la cantidad real de kilómetros de caminos, distinguir cuáles son provinciales y cuáles municipales, cuáles efectivamente reciben mantenimiento y cuáles solamente figuran como trazados.
“Para mí hay que pedir información a los municipios y tratar de entender cuál es la extensión de los caminos, diferenciar cuáles son provinciales, cuáles son municipales y cuáles son efectivamente mantenidos.”
A esto se suma el análisis de los recursos que llegan por distintas vías. El abogado recordó que, además de las tasas municipales, existe la coparticipación establecida por la Ley 13.010, cuyos fondos tienen una asignación específica vinculada a los caminos.
Reclamar de manera colectiva para conseguir respuestas
Uno de los principales planteos de Issepi apunta a la necesidad de que los productores se acerquen a las asociaciones rurales y canalicen allí sus reclamos.
La diferencia, explicó, está entre obtener una respuesta individual para un problema puntual y conseguir que una situación que afecta a varios productores sea abordada como una cuestión colectiva.
“Si yo canalizo ese reclamo por APROVIS -Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur-, como hemos canalizado montones de reclamos a través de APROVIS, lo que logramos muchas veces son respuestas más colectivas”, señaló.
Y agregó: “Yo puedo obtener toda la información desde un ente colectivo de manera particular. Y también puedo ir a la Justicia para lograr que particularmente a mí no me cobren la tasa hasta que no me den la prestación. Pero el problema es que es muy raro que eso ocurra, porque es más caro cualquier gestión de un colega”.
Por eso, su recomendación es concreta: “Canalicen todo a través de las asociaciones, porque es la mejor manera de encontrar respuesta.”
En ese sentido, destacó además que los productores tienen derecho a acceder a la información pública y que la Justicia ya ha obligado a distintos municipios a entregar documentación vinculada con la administración de estos recursos.
Para Issepi, conseguir información no puede ser el objetivo final. El verdadero desafío aparece después: utilizar esos datos para construir un diagnóstico y discutir un plan.
“Necesitamos que nos informen, pero necesitamos hacer algo con esa información”, remarcó.
En su visión, los caminos deben comenzar a ser considerados como una parte más de la estructura productiva. No alcanza con que una máquina pase ocasionalmente por un camino deteriorado: es necesario establecer prioridades, definir arterias principales y secundarias y generar compromisos para su mantenimiento.
“El campo no son más los corrales, los molinos. Es una empresa. Entonces, si los caminos no están bien, no se saca la producción directamente”, afirmó.
El abogado mencionó experiencias de participación público-privada a través de consorcios de caminos en distintos municipios bonaerenses y consideró que pueden servir como referencia para pensar alternativas.
“La solución tiene que ser distinta: tiene que haber un plan, algo estratégico. ¿Cuáles son las arterias principales? ¿Cuáles son las secundarias? Y un compromiso de todos a cuidar ese camino.”
La Justicia como herramienta, pero no como único camino
Issepi confirmó que la Justicia está dando respuestas favorables en materia de acceso a la información y que los reclamos pueden ser una herramienta para exigir que los municipios expliquen cómo administran los recursos.
Pero también planteó que no todo debe reducirse a iniciar juicios. En su opinión, los productores tienen otras herramientas de presión y participación.
“Yo no digo que hay que hacer juicios, carta documento. Todo lo contrario, hay que hacer un reclamo. Hoy en día es mucho más efectivo las cuestiones de redes sociales que una carta documento”, sostuvo.
Y fue todavía más allá al señalar que el problema no es solamente la tasa vial. A su entender, también existen otras tasas municipales que deberían ser revisadas cuando no existe una contraprestación concreta.
“Si no me lo vas a prestar, no me cobres directamente”, sintetizó al referirse a servicios que en algunos casos se cobran aunque no estén efectivamente disponibles.
Hacia el final de la entrevista, Isepi dejó planteada una conclusión que excede específicamente a los caminos rurales: la necesidad de que los productores pasen de la crítica individual a la participación organizada.
“Hay que ir y hay que hacer los reclamos, y no solo por tasa de camino, por todas las tasas”, afirmó.
La convocatoria, entonces, apunta a fortalecer las entidades que representan al sector y utilizar esas estructuras para reunir información, generar reclamos colectivos y buscar soluciones que vayan más allá de la respuesta puntual a un productor.
Porque, como quedó planteado durante la charla, desde adentro de la tranquera la discusión puede quedar en una queja; cuando el reclamo se organiza y se canaliza colectivamente, puede transformarse en una herramienta concreta de control y participación.
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