La justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad, ya que su función es garantizar la equidad, la protección de los derechos y la resolución de conflictos. Sin embargo, en Argentina, el sistema judicial ha sido objeto de críticas y cuestionamientos que apuntan a una inequidad que socava la confianza pública y el estado de derecho.
Una de las principales preocupaciones radica en la percepción de que la justicia no es igual para todos. Casos emblemáticos han evidenciado un trato preferencial hacia ciertas figuras públicas, lo que genera descontento y desconfianza entre los ciudadanos. La sensación de que la justicia puede ser manipulada o influenciada por intereses políticos o económicos es un lastre que afecta no solo a quienes buscan reparación a través del sistema, sino también a la cohesión social en su conjunto.
Desde mucho antes y más contemporáneamente a partir de la década de 1990, nuestro país ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios y empresarios. Estos hechos han puesto de relieve cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones, debilitando su integridad y efectividad. Casos como los ocurridos durante la presidencia de Carlos Menem, donde se denunciaron irregularidades en privatizaciones y contratos públicos, hasta los recientes escándalos relacionados con el kirchnerismo, han dejado una huella profunda en la percepción pública sobre la justicia. La impunidad con la que muchos actores políticos han actuado refuerza la idea de un sistema judicial parcializado, donde las élites pueden evadir responsabilidades mientras que los ciudadanos comunes son a menudo quienes enfrentan las consecuencias.
Ernesto Sábato, en su libro “La Resistencia”, señala que un valor que ha perdido la humanidad es el de la vergüenza: “¿Han notado que la gente ya no tiene vergüenza y, entonces, sucede que entremezclados con gente de bien uno puede encontrar, con amplia sonrisa, a cualquier sujeto acusado de las peores corrupciones, como si nada? En otro tiempo su familia se hubiera enclaustrado, pero ahora todo es lo mismo y algunos programas lo solicitan y lo tratan como a un señor”. Esto que describe Sábato lo pudimos patentizar cuando la ex presidente de la Nación, condenada a 6 años de prisión y cuya efectividad se halla navegando en el Limbo de la Justicia, está veraneando en la playa de Monte Hermoso y mostrándose como una diva junto a un grupo de personas que le hacen la claque.
Esto nos hace ver lo preocupante que es la lentitud del proceso judicial. Los casos pueden prolongarse durante años, lo que genera un sentimiento de impunidad y frustración entre las víctimas. Esta dilación no solo afecta a quienes buscan justicia, sino que también alimenta la percepción de que el sistema está diseñado para proteger a los culpables en lugar de quienes buscan justicia.
En conclusión, la inequidad en el sistema judicial argentino es un problema profundo que requiere atención inmediata. Solo a través de reformas estructurales y un compromiso genuino con los principios de equidad y justicia podremos construir un sistema judicial que realmente sirva al pueblo argentino, garantizando así que todos tengan acceso igualitario a la justicia. La lucha contra la corrupción debe ser parte integral de este proceso; solo entonces podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar un futuro más justo para todos.
José Luis Ibaldi- Para Mañanas de Campo
