El reciente anuncio del gobierno sobre la reducción de los Derechos de Exportación para granos promete un impacto significativo en el sector agrícola, aunque persisten dudas respecto de su instrumentación y alcance real.
Según el consultor Dante Romano, gerente de cuentas clave de Fyo y profesor en la Universidad Austral, esta medida abre oportunidades para los productores, pero también exige cautela en la toma de decisiones.
La reducción, que implica una baja de 20% en las retenciones, se traduce en una mejora de 26 dólares por tonelada para soja y 6 dólares para cereales.
Impacto en los mercados
El anuncio generó una reacción inmediata: los precios de la soja subieron fuerte, mientras que maíz y trigo registraron alzas más moderadas. Romano destacó que el valor del viernes para soja mayo alcanzó 290 dólares la tonelada, lo cual “supera lo razonable en el contexto actual. Es un mercado para soja en 270/280 dólares en cosecha. En maíz podemos seguir haciendo promedio, mientras que en trigo conviene esperar a que alcance los 225 dólares”, afirmó.
Recomendaciones
Romano sugiere a los productores acelerar las ventas para equipararse a los promedios históricos de comercialización.
De acuerdo con sus cálculos, en el corto plazo deberían colocarse 7 millones de toneladas de soja y 6 de maíz, mientras que para el 30 de junio esa cifra casi se duplicaría.
En este orden advirtió que esta mayor oferta podría presionar a la baja los precios FOB.
Pese a ello, muchos productores prefieren esperar: aguardan la concreción de pronósticos de lluvias y su impacto en los cultivos antes de tomar decisiones.
Efectos económicos y fiscales
El consultor también analiza las implicancias fiscales y cambiarias de la medida. El ingreso de divisas previsto -unos 4.500 mill/dol en el corto plazo- podría fortalecer la oferta en el mercado cambiario y presionar a la baja el dólar libre.
En términos fiscales, aunque el 20% de reducción de retenciones genera un alivio para los productores, la mayor cantidad de toneladas vendidas incrementaría la recaudación en el primer semestre, dejando un vacío en el segundo.
“La medida, que vence el 30 de junio, busca un equilibrio fiscal de corto plazo, pero su efecto podría ser transitorio. En el mediano plazo, será necesario complementarla con otras herramientas, como un mayor impulso a la actividad, el acuerdo con el FMI y posibles nuevos impuestos”, concluyó Romano.
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